Dos editoriales, un mismo tema
Una coincidencia se produce este miércoles, en la opinión editorial de por lo menos dos de los medios de información más importantes e influyentes de la República Dominicana con relación a la "visita" que desde el pasado lunes nos hace, una misión (¿o delegación?) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El Nuevo Diario, dirigido por el doctor Persio Maldonado y El Día, bajo la batuta del veterano de mil y una batallas, doctor Rafael Molina Morillo, editorializan en iguales términos, sobre la intención de esta "visita" de la citada Comisión, a propósito de la sentencia 168-13, emitida el pasado mes de septiembre, por el Tribunal Constitucional dominicano.
El Nuevo Diario editorializa "La misión de la Comisión", en tanto que el matutino El Día, señala con propiedad, que esa Comisión, ya fijó su posición. He aquí, ambas notas editoriales:
La misión de la Comisión
El Nuevo Diario
La mayoría de los dominicanos cree que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha venido al país prejuiciada, pero convencida de que tiene que cumplir con un protocolo para condenar a la República Dominicana. Cierto o no esa es la idea generalizada. Muchos creen que fue un error invitarla a que viniera al país, pero es importante que haya venido porque si su propósito es avieso contra el país se notará el oficio.
Hasta ahora han tenido libertad para recibir denuncias de personas que se consideran afectadas en sus derechos, pero esas denuncias no equivalen a asumir que los denunciantes tienen razón. Así que esas denuncias que reciba la CIDH tienen que ser sometidas al saneamiento que indican los procedimientos para saber si las personas son o no afectadas en sus derechos.
Si la CIDH sólo recibe las denuncias y no las somete al escarceo que requieren las disposiciones legales estaría sólo buscando una excusa para sancionar al país sin importar que los denunciantes tengan derechos o no. El plan de regulación es más que necesario para poder determinar la validez de esas denuncias. Es importante que el Gobierno y las instituciones del Estado estén firmes en eso. Nadie puede venir a querer imponerle al país una política migratoria y de nacionalidad porque convenga a los intereses de otras naciones.
El país hace bien en exponerse a ser vigilado y que la CIDH venga a ver este proceso, pero eso no significa en modo alguno que pueden decirnos lo que debemos hacer por encima de las normas que disponen las instancias democráticas nacionales. El país ha sido más que generoso con la migración de extranjeros.
La CIDH ya fijó su posición
La verdad incuestionable es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fijó públicamente el 8 de octubre de este año su posición de rechazo contra la sentencia del Tribunal Constitucional que esclarece los principios para obtener la nacionalidad dominicana.
La emitió a escasos días de que dicha sentencia se hiciera pública, lo que permite a cualquiera dudar que tuviera tiempo de hacer los análisis técnico-jurídicos que amerita el caso.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirmó en esa oportunidad que la decisión “despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana.
En gran número de casos, estas personas podrían quedar en situación de apátridas, lo cual es violatorio a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.
En otras palabras, fijó su posición antes de venir al país, por lo que su presencia no tiene más que un rigor protocolar.
El Gobierno dominicano, en cambio, ha actuado correctamente al no detenerse en la aplicación de lo que ordena la Sentencia y las legislaciones nacionales con la aplicación de un Plan Nacional de Regularización para permitir que legalicen su estatus los extranjeros que califican para ello.
También ha dado muestra de buena voluntad al anunciar que facilitará el procedimiento para que los nacidos aquí y que no les corresponde la nacionalidad por ser hijos de extranjeros ilegales puedan obtenerlas, si así lo desean.
Es hora de poner la casa en orden con el tema de las migraciones y la nacionalidad, como hacen todas las naciones, apegados a la Constitución de la República, el respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales y las leyes nacionales.
No nos distraigamos. Sigamos adelante.
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