Libre acceso a la información

POR JUAN SANTANA
juansantana86@gmail.com
CDP-S21-151

El derecho que tiene todo ciudadano dominicano a estar debidamente informado de las acciones de la administración pública, es un logro que hay que destacar. Con ello, el país entra al concierto de las naciones en donde la democracia se practica, donde la transparencia se ejerce.

Sin embargo, la información dada a conocer este jueves por Julio de la Rosa, director de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO),  de que en lo que va de este año 2010 esa entidad de la sociedad civil ha elevado unos 52 recursos de amparo por la negativa de algunas entidades, más bien de sus incumbentes que manejan fondos públicos, a ofrecer información sobre el uso que dan a ese dinero, llama a preocupación.

La legislación que trata sobre la materia (la Ley 200-04 y el Decreto 130-05 y la Constitución de la República, recién promulgada el pasado 26 de enero de este año), son bien claras respecto al derecho que le asiste a todo ciudadano a reclamar, exigir, demandar, información veraz y oportuna de la administración de las entidades del Estado. La ciudadanía, el pueblo llano, es el soberano y en este caso tiene el derecho a saber el destino de los recursos que a diario, en cada compra o transacción nos sacan de los bolsillos las entidades que tienen que ver con las recaudaciones fiscales.

Pero la cosa no se queda ahí y las entidades de la sociedad civil (en representación o no del ciudadano), esto último es una presunción propia, se están cansando (creo que se está hartandose, pero con jota), de elevar recursos de amparo a fin de que se les reconozcan derechos conculcados en el caso del libre acceso a la información pública; y más temprano que tarde van a recurrir a los tribunales en acción penal en contra los incumbentes de esas entidades... esperemos a ver...